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La patronal del sector TIC ha puesto en marcha la oficina de proyectos AproTECH LatAm, cuya misión es coordinar los esfuerzos de instituciones públicas, investigadores, empresas y universidades latinoamericanas y españolas en escenarios de financiación de proyectos como el VII Programa Marco de la Comisión Europea, o el Programa Iberoeka.
Por Ignacio Jovtis, Responsable de Campañas del Equipo Europeo de Amnistía Internacional de Londres y doctorando en Derecho. Especialidad en Estudios Internacionales de la UPF
Los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs, por sus siglas en inglés) representan un cambio fundamental en el enfoque y contenido de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y los 77 países de África, Caribe y el Pacífico (ACP); países con los cuales la UE ha mantenido desde 1975 un vínculo especial, tanto en términos comerciales como en asistencia al desarrollo. Este relacionamiento diferenciado tenía su base jurídica en las distintas versiones de la Convención de Lomé (Lomé I, II, III y IV) la que, desde el año 2000, fue reemplazada por el Acuerdo de Cotonou.
Para el 31 de diciembre de 2007, las negociaciones de todos los EPAs deberían haber concluido, fecha a partir de la cual quedarían sin efecto las preferencias comerciales estipuladas en el Anexo V del Acuerdo Cotonou y se suspendería la concesión (waiver) de la OMC que permitía a la UE dar un trato favorable sin contrapartidas a los productos provenientes de los países ACP.
Naturalmente, en la implementación de un régimen de relaciones comerciales recíprocas, los países ACP tienen mucho más en juego que la UE. Sin embargo, la prisa ha corrido del lado europeo que ha hecho muchos esfuerzos para concluir los acuerdos a finales de diciembre, lo que finalmente no ha sido posible. De hecho, el único EPA rubricado hasta el momento, en los términos más o menos previstos, ha sido el negociado con el CARIFORUM –firmado por todos sus miembros, a excepción de Cuba.
Salvo este acuerdo, ningún otro EPA ha sido firmado entre la UE y los demás países ACP, aunque ciertamente sus relaciones han sido trastocadas y no son iguales en todos los casos, como tampoco es idéntico el potencial impacto, tanto positivo como negativo, que supondría para estos últimos países la firma de un acuerdo de estas características. En términos generales, se puede afirmar que a partir de 2008 una segunda etapa de negociaciones se ha iniciado, en la cual se distinguen claramente dos dinámicas negociadoras muy distintas.
Por un lado, se identifica una categoría conformada por la mayoría de los Estados con estatus de ‘Países Menos Desarrollados’ (PMD), que se han acogido al sistema de tratamiento comercial preferencial “Todo Menos Armas” (EBA, por sus siglas en inglés), que les permite el libre acceso a los mercados europeos de todos sus productos (salvo las armas) sin necesidad de reciprocidad en la apertura de sus mercados; esta solución se traduce, en la práctica, en un régimen similar al ofrecido por Cotonou. En este sentido, es razonable presumir que las futuras negociaciones de los EPAs con los PMD serán trabadas y lentas, ya que éstos últimos carecen de incentivo real para impulsar las negociaciones, toda vez que la celebración de un eventual acuerdo supondría principalmente, y a diferencia del régimen comercial actual, la apertura de sus mercados a los productos europeos.
Por otro lado, hubo 35 países ACP que firmaron diversos “Acuerdos Interinos” (Interim Agreements) con la UE. Estos acuerdos comparten tres características fundamentales: a) apuntan a ser compatibles con las normas de la OMC (lo que significa que los países ACP deberán eliminar los aranceles sobre “sustancialmente todas” las importaciones provenientes de la UE en un razonable período de tiempo); b) excluyen y posponen los temas más controvertidos (comercio de servicios, facilitación de las inversiones, compras públicas y propiedad intelectual, entre otros); y c) dejan abierta su negociación durante el 2008.
A diferencia de lo que sucede con los países que se han sometido al régimen EBA, la eventual consecución de EPAs entre la UE y el resto de los países ACP implicaría correcciones sustanciales a las relaciones comerciales actuales, impactando sobre todo en la cuota arancelaria sobre el comercio (importaciones y exportaciones) ya que, entre otras modificaciones, los niveles de aranceles a la exportación serían –al menos al principio- mucho más elevados de los que regían bajo el Acuerdo de Cotonou o, más aún, de los que regirían bajo el régimen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). En efecto, durante el 2007, y antes de concretarse los ‘Acuerdos Interinos’, la Comisión Europea ya había hecho algunas estimaciones. Por ejemplo, el 25% de las exportaciones de Gana (€240 millones) enfrentarían aranceles del 27% contra el 0% aplicable bajo Cotonou. Para África Central, la misma aplicación implicaría una pérdida en las exportaciones de €360 millones. Asimismo, países como Kenia y Namibia enfrentarían un incremento arancelario en la mayoría de los productos principales de exportación a la UE. El think tank británico Overseas Development Institute ha estimado que la exportación de carne proveniente de Namibia enfrentaría aranceles equivalentes al 142% en caso de dejar de aplicar el actual régimen de preferencias.
Pero volviendo al período de transición, y en un plano mucho menos especulativo, digamos que los ‘Acuerdos Interinos’ plantean hoy mismo varios interrogantes que afectan esta segunda etapa de negociación. En primer lugar, recordemos que, como su nombre lo indica, los acuerdos alcanzados son temporales; esto significa, en otras palabras, que esta etapa es clave para definir, una vez por todas, el contenido de los EPAs.
Asimismo, hay que decir que los ‘Acuerdos Interinos’ presentan graves desprolijidades e inconsistencias, producto del apuro por concluirlos dentro del plazo estipulado. En este sentido, por ejemplo, el ‘Acuerdo Interino’ firmado con la Comunidad de África del Este (EAC, por sus siglas en inglés), omite sin razón alguna, cualquier referencia respecto al régimen de liberalización de 952 productos (que conforman, a su vez, el 40% de las importaciones de la EAC provenientes de la UE para el período 2004-2006).
Por otro lado, vale la pena mencionar que la velocidad con la que se ha intentado concluir los acuerdos, ha provocado también que las asimetrías de la capacidad negociadora de los interlocutores queden exageradamente en evidencia. Así, por ejemplo, Costa de Marfil ha convenido que eliminará por completo los aranceles sobre el 60% de sus importaciones provenientes de la UE dos años antes que Kenia comience su desarme arancelario.
Si bien solo se trata de algunos ejemplos, puede observarse que las ex colonias de países de Europa tienen mucho en juego. La firma de los EPAs daría claras ganancia para muchos, sobre todo para aquellos 27 países que han firmado ‘Acuerdos Interinos’ y no son PMD. Se ha estimado que la liberalización de aranceles y cuotas se aplicaría sobre el valor equivalente a €1.4 billones de las exportaciones vigentes de estos países con destino a la UE.
No obstante, la implementación de un escenario de liberalización recíproca podría provocar, en muchos países ACP, una abrupta reducción o eliminación de barreras arancelarias a las importaciones, lo que reduciría lógicamente la recaudación tributaria si no se buscan medios alternativos de ingresos; en este sentido, será central el papel que jugarán los diversos instrumentos de asistencia al desarrollo y, especialmente, la asistencia al comercio. Para el África Sub-sahariana, el 40% de sus importaciones proviene de la UE, por lo que la eliminación de las barreras arancelarias a productos europeos tendría un marcado efecto. Así, el Fondo Monetario internacional ha estimado que con la implementación del EPA, Kenia perdería entre el 8% y 12% de sus ingresos tributarios, cifra mayor al presupuesto anual asignado a los programas sanitarios. De igual manera, según un informe de Oxfam Internacional y Make Trade Fair, Gambia y Cabo Verde podrían perder casi el 20% de su recaudación fiscal, mientras que Gana y Senegal sufrirían una reducción de alrededor 11%.
Asimismo, los efectos de las negociaciones han repercutido igualmente en el grado de integración de los distintos bloques regionales conformados por los países ACP, también con resultados dispares. El art. 37.5 del Acuerdo Cotonou reconocía expresamente que en las negociaciones de los EPAs se tendría en cuenta los procesos de integración regional y se fomentaría las iniciativas existentes. Sin embargo, una de las principales preocupaciones respecto a los EPAs, tal y como están planteadas hoy las negociaciones, radica en que la consecución de estos acuerdos podría suponer un obstáculo para la integración regional.
Esto es fundamentalmente por el diseño de las negociaciones: algunos países ACP pertenecientes al mismo bloque regional se encuentran negociando los EPAs en distintos ‘grupos negociadores’ lo que habilitaría, por ejemplo, a que países del mismo proyecto de integración acuerden con la UE aranceles comerciales, reglas de orígenes y programas de liberalización distintos, lo que a su vez, heriría su unión aduanera, contraería el comercio intra-bloque y, en definitiva, desaceleraría la integración regional. En este sentido, conviene mencionar que el EAC es el único bloque regional en el cual todos los países miembros negocian un EPA y han aceptado idéntico programa de liberalización.
De modo que, según hemos apuntado de manera muy sintética, queda claro que el escenario actual es un escenario complejo, dispar, indefinido y sobre todo, muy dinámico. Durante el segundo semestre de 2008 seguramente se definirán muchas de las cuestiones a las que aquí hemos hecho referencia y que, como vimos, son importantes para determinar la suerte y dirección de los EPAs.
Fuentes:
JOVTIS, I., “Economic Partnership Agreements (EPAs): What is at stake?”, Varsovia, Institute of Global Responsibility, diciembre 2007, accessible en http://igo.org.pl/kwartalnik.php
Por Carlos A. Scarone Delgado, Catedrático de Comercialización. Director de Maestría en Marketing de la Universidad de la República de Montevideo
El título de este trabajo podría sugerir a lectores incautos que se desarrolla la fundamentación del modelo de desarrollo para América Latina. Sin embargo, semejante tentación debemos descartarla, porque excede a la extensión razonable para los aportes en esta página; apenas nos proponemos presentar el problema en forma general, tal como está planteado actualmente a nivel de la academia, y nuestra opinión personal.
En los últimos años, los países agroexportadoras y exportadores de materias primas extractivas y “commodities” se han visto particularmente beneficiados. En efecto, los altos precios que se pagan mundialmente por carne, soja, cobre, petróleo, cereales, etc., han hecho que en especial América Latina, especializada desde siempre en la producción de estos bienes, haya gozado de una bonanza singular y sostenida a lo largo de muchos años, más que en otros períodos anteriores, lo que ha implicado que las tasas de crecimiento de los países de la región hayan experimentado guarismos altos o muy altos, en buena medida anacrónicos con la estructura productiva de los países que los sustentan.
El martes 10 de junio de 2008, CEPAL presentó en su 32ª sesión el documento “La transformación productiva 20 años después. Viejos problemas, nuevas oportunidades”, que no hace más que continuar su reflexión histórica, casi fundacional, sobre cómo pueden los países latinoamericanos crecer con equidad. Las conclusiones allí presentadas suman a las reflexiones sobre el modelo de desarrollo deseable para los países de la región que ha recibido multitud de aportes de economistas de América Latina.
La polémica, como señalamos, no es entonces nueva, pero alcanza ahora características especiales porque la situación económica mundial aporta singularidades. Aquel modelo de especialización en bienes primarios que era tan fácil criticar, luce como el sustento actual del crecimiento de las economías latinoamericanas. De una manera u otra, es tentador pensar que los defensores de la especialización productiva en actividades primarias para América Latina han encontrado confirmación empírica.
Sin embargo, hay varias preguntas relevantes que es necesario contestar, en especial:
a) ¿El crecimiento basado en el modelo de especialización en bienes primarios está destinado a agotarse en el corto plazo?
b) Aún si el agotamiento del modelo no es fácil de atribuirlo al corto o mediano plazo, ¿será una forma razonable de crecimiento aquel que se sustenta en esta modalidad?
La respuesta a la primera pregunta es “quizás no”.
En efecto, los fenómenos que impulsan la demanda de alimentos y materias primas básicas están asociados al surgimiento como nuevas potencias de una serie de países que en un panorama mundial, aseguran una demanda sostenida para una población que mientras por un lado se enriquece, por otro lado genera condiciones para que enormes masas de personas empiecen a despegarse de condiciones de pobreza y de indigencia. Países como China, Rusia, algunos países asiáticos poco articulados antes a los mercados internacionales, modifican el mapa mundial y generan una demanda incesante en forma directa de alimentos y en forma indirecta de otros bienes que una vez cubiertas las necesidades básicas pasan a ser objeto de sus aspiraciones de consumo. Sin duda, también forman parte de esta demanda incrementada los insumos que esta población utiliza en forma incesante para integrarse productivamente al comercio internacional.
Los observadores (como es habitual) no concuerdan sobre la duración de esta demanda creciente de productos básicos, pero el consenso se orienta en el sentido que no es cosa de pocos años. Los más osados, se atreven a decir que es de carácter estructural, ya que a la demanda creciente por alimentos e insumos básicos en forma directa de la población, se adiciona la demanda de insumos agrícolas para el desarrollo de fuentes sustentables de energía alternativas al petróleo, cuya espiral de aumento de precios ha sido impar en el último año.
La segunda pregunta es más sutil y profunda. Tiene dos aristas: una el pensar en el largo plazo y otro la reflexión sobre formas alternativas de crecimiento.
En el largo plazo, puede pensarse legítimamente que las condiciones que generaron estas oportunidades pasarán y que los precios de estos bienes tenderán a deprimirse. Ello puede ser resultado de que la demanda se estabilice pero más probablemente aún de que el patrón de especialización en productos primarios se extenderá a otros países que quizás en buena medida se provean cada vez más autónomamente de dichos bienes.
Pero lo trascendente reside, justamente, en reflexionar sobre las formas alternativas de crecimiento, analizar en qué cuestiones hay que concentrar las energías nacionales, el pensamiento estratégico, para lograr crecimiento sostenido en el largo plazo y sobre bases de equidad. Conviene a este respecto revisar qué ha sucedido en los últimos años, cuáles han sido los países que han crecido más y por qué.
Y es aquí donde distintos análisis con sólida base empírica muestra que los mejores desempeños se han logrado en aquellos países que han transformado en forma radical su estructura productiva, desarrollando la diversificación de sus exportaciones (lejos del eje actual de la especialización en actividades primarias), la innovación y especialización de sus recursos humanos y su mayor y mejor integración a la sociedad de la información y el conocimiento.
Sin duda, una de las claves reside en cómo lograr que la inversión extranjera directa se radique en los países latinoamericanos en primer lugar y en segundo término, que se dedique no a actividades especulativas o de apoyo a actividades primarias sino de alto contenido tecnológico y exportador, compatibles con el crecimiento a largo plazo.
Ese es precisamente quizás el desafío principal de los países de América Latina y el Caribe: lograr conseguir capitales en nivel suficiente y cuya aplicación (usos de fondos) sea articulable con las formas probadas de crecimiento sostenido y con equidad que se pueden observar en la economía mundial. El desafío incluye además algunos otros componentes: burocracias estatales comprometidas con semejantes objetivos y rígidas en la definición de objetivos y políticas coherentes, el combate a la corrupción pública y privada (lo que incluye la transformación de la propia clase política y la transformación de la mano de obra a partir de políticas de capacitación definidas y sostenidas públicamente.
Es notorio, entonces, que si esta es la respuesta a la actual “primarización” de las economías de la región latinoamericana y del Caribe, la respuesta es única pero los mecanismos de implementación necesariamente multidimensionales. No sólo es cosa de saber qué hacer. También hay que ponerse a hacerlo.
Por Franco Sancho Esper, Profesor Asociado Economía y Empresa, Universitat Pompeu Fabra
El proceso de globalización socio-económica que afecta a la economía mundial ha tenido una serie de efectos tanto positivos como negativos en relación a la expansión de las empresas nacionales hacia en contexto multinacional. En este nuevo escenario, las empresas nacionales, principalmente las centradas en el negocio electrónico, poseen una gran oportunidad para extender su oferta de productos en una gran cantidad de localizaciones geográficas.
Es el actual desarrollo de las nuevas tecnologías lo que permite a este tipo de empresas plantearse tener presencia en otros mercados nacionales diferentes al suyo. Estos nuevos medios de comunicación son la plataforma comercial idónea para pequeñas y medianas empresas (Pymes) para dar a conocer sus productos y servicios en otros países.
Sin embargo, aunque Internet y otros nuevos medios son una potente herramienta de comunicación para las empresas, en general, y entre aquellas de base digital en particular, es importante resaltar la importancia de realizar un completo análisis del mercado al que se pretenda entrar. Aspectos tan dispares como la adaptación de las características del producto al mercado destino, el perfil del usuario de Internet o el nivel de penetración a la web entre la población objetivo. Es por ello que aquellas empresas españolas que deseen beneficiarse de las ventajas de internacionalizar su ámbito de negocio, por ejemplo a Latinoamérica, han de tener en cuenta estos factores para desarrollar su estrategia de manera exitosa.
Ventajas de la extensión geográfica en el comercio electrónico
En el actual contexto de negocios globalizado, muchas son las razones que pueden llevar a una empresa, de base electrónica, a utilizar Internet para llevar a cabo dicha labor en otros países y/o continentes. Con anterioridad al desarrollo de las ventajas que puede suponer el empleo de este canal de comunicación para las Pymes del sector de servicios en línea, cabe destacar que el rasgo principal que define a este tipo de empresa es su carácter técnico, especializado y de reducida dimensión. Esto supone que, en general, no dispongan de departamentos especializados en comercializar internacionalmente sus productos. Es por ello que este tipo de empresas pueden aprovecharse de dos aspectos principales de uso de dicha tecnología.
En primer lugar, se observa que la extensión geográfica de la oferta de una empresa, de base digital, mediante la web puede evitar la contratación de representantes y/o intermediarios en cada país donde la empresa desee llevar a cabo sus servicios. En segundo lugar, el empleo de sitios o portales web puede permitir una comunicación bidireccional entre el consumidor local y el proveedor de servicios internacional. Así, esto puede permitir una mayor adaptación de las características generales del producto a las necesidades específicas de cada localización geográfica. Ejemplo de esta participación son los diversos foros que las compañías poseen, tanto explícitos (en sus propias webs) como implícitos (en otras webs), para que los consumidores, de forma individual, o las comunidades de consumidores, expresen su opinión sobre la empresa y/o sus productos. Asimismo, esta vía de comunicación puede permitir que la empresa destine información específica para cada país, tanto en relación a aspectos pre como post-venta.
Necesidad del análisis del mercado objetivo
En el apartado anterior se plantean una serie de beneficios que puede suponer para este tipo de empresas la extensión de su área de acción en base al negocio electrónico. Sin embargo, estos beneficios estarán limitados por una serie de factores que han de ser analizados en profundidad para maximizar las posibilidades de éxito de la misma.
La primera restricción que hay que tener en cuenta en relación al negocio electrónico internacional son las limitaciones que poseen diversos países, sobre todo en vías de desarrollo, en relación al acceso y al uso de Internet. De esta forma, aunque la penetración promedio de Internet (% de la población con acceso a la web) en Latinoamérica sea del 14 % (1), la variabilidad de la misma es muy elevada. De esta forma, países como Chile o Argentina presentan una tasa mayor al 20% mientras un gran número de países, como por ejemplo Ecuador o Bolivia, no superan el 6%. Este aspecto hace que el perfil del consumidor de Internet, en cada país de Latinoamérica, sea diferente y tenga que ser analizado y considerado por las empresas a la hora de desarrollar su oferta en línea.
El segundo conjunto de aspectos está relacionado con las características inherentes al producto tanto si se trata de un bien como si se trata de un servicio. En esta línea, es posible que el producto deba adaptar su apariencia física (forma o tamaño), su eslogan e incluso su nombre comercial o marca para poder ser aceptado con éxito por el mercado receptor. Es para ello que se requieren estudios de mercado, tanto cualitativos como cuantitativos, que ayuden a evaluar aspectos específicos de los potenciales consumidores como pueden ser: sus gustos, su cultura (2, 3), sus valores (4), etc.
Otro elemento importante en el diseño y desarrollo de un producto internacional de base tecnológica, es la gran diversidad existente en torno a la normativa global que rige en cada país. Así, aspectos como las diferentes regulaciones en relación a la protección de datos o en relación a la propiedad intelectual han de ser profundamente analizadas antes de plantearse el desarrollo de un sitio web en un país extranjero. Otros aspectos como la confianza a la hora de utilizar Internet para realizar compras o para operar con la firma electrónica, que están muy relacionados con el marco legal del país, son primordiales a la hora de implementar exitosamente un negocio de base electrónica.
Concluyendo, por tanto, las pymes de base digital tienen una inmejorable oportunidad de expandir sus mercados a terceros países, por ejemplo Latinoamérica. Pueden aprovecharse de su reducido tamaño y por ende su mayor flexibilidad para adaptar su oferta a cada mercado objetivo. Sin embargo, el éxito de dicha expansión estará limitado por: 1) el hecho de que disponga de una oferta diferenciada y atractiva, 2) el grado de adaptación de su producto a la cultura y los valores locales y 3) el conocimiento de las características tanto del mercado como de los consumidores del país objetivo.
Fuentes:
(1) “Estadísticas mundiales sobre el uso de Internet” (2007), Miniwatts Marketing Group, disponibles en: www.exitoexportador.com/stats.htm .
(2) DE MOOIJ, M. (2003). Consumer behavior and culture: consequences for global marketing and advertising, Sage Publications. Inc., USA.
(3) STEENKAMP, J.E.M. (2001). “The role of national culture in international marketing research”, International Marketing Review, Vol. 18, nº 1, pgs. 30-44.
(4) SCHWARTZ, S.H. (1994). “Beyond individualism/collectivism: New Cultural dimensions of Values”, in Kim, U., Triandis, H.C., Kagitcibasi, C., Choi, S.C., Yoon, G. (Eds.) Individualism and Collectivism: Theory, Method and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage, pgs. 85-119.
El pasado 2 de julio se llevó a cabo en Barcelona la jornada y presentación del libro Los consorcios de exportación y la internacionalización de la pyme: Un estudio comparado de experiencias europeas y latinoamericanas, un trabajo colectivo coordinado por Carles Murillo, Director del Observatorio de Relaciones con Latinoamérica (ORLA). La jornada contó con la presencia de unos 35 empresarios interesados en la proyección exterior de la empresa y, en especial, de todo lo relativo a los acuerdos de colaboración empresarial y las ayudas de Icex en materia de consorcios de exportación.
El turno de intervenciones en el coloquio posterior a las presentaciones de los ponentes, sirvió para poner de manifiesto la existencia de dudas con respecto al funcionamiento y gestión de los consorcios y las características de las ayudas oficiales.
En el acto se recomendó a los empresarios a que trabajen en la constitución y creación del consorcio con tiempo suficiente para poder solicitar las ayudas de Icex en el primer trimestre del año.
Otra de las cuestiones que suscitó interés por parte de los participantes tiene que ver con la posibilidad que una empresa multinacional participe en un consorcio. En principio, las ayudas de Icex están reservadas para empresas españolas.
Los expertos consideran que, dada la experiencia acumulada, es importante que el compromiso de los socios, más que la dimensión de sus empresas, sea homogéneo y también es preferible que los productos o servicios sean complementarios.
El éxito de los consorcios es considerable. La mayor parte de ellos tienen una duración que camina paralela al éxito de la empresa. Los fracasos se deben en muchas ocasiones a problemas de mentalidad, la falta de experiencia internacional de las empresas y, en algunas oportunidades, a la relación de los socios con la gerencia del consorcio. Es importante, para asegurar el éxito del consorcio que se lleve a cabo un seguimiento de las operaciones lo que faculta a los socios a rectificar a tiempo y redireccionar al grupo.
Otra de las preguntas realizadas por uno de los asistentes versó sobre la figura del gerente del consorcio. Su dedicación debe ser exclusiva y no puede formar parte de ninguna de las empresas que participan en el mismo. Esto garantiza su independencia y trato igual con respecto a todos los miembros del consorcio. El evento contó con la presencia con la presencia de Antoni Montserrat, Director Territorial de Comercio de Barcelona y del ICEX; y de Carles Murillo, Catedrático de Economía Aplicada UPF y Director de ORLA; además de Christian Liepert, quien expuso su experiencia como consultor en Desarrollo de Empresas de la compañía Axikon. También estuvo presente Oscar Puig, Director de Asesoramiento Internacional de AMEC (Asociación Multisectorial de Empresas), y Carlos Núñez, del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Consultar las ponencias:
Oscar Puig: "Consorcios de exportación: la experiencia de AMEC"
Por Xavier Seuba Hernández, Profesor de Derecho Internacional Público, Universitat Pompeu Fabra
La importancia otorgada por la Comunidad Europea a la protección de la propiedad intelectual es sobresaliente, importancia que se manifiesta no sólo en el ámbito interno sino también en la proyección exterior de la actividad de la Comunidad. En este contexto, la Comunidad ha emprendido diversas acciones y políticas, entre las sobresalen la negociación de nuevos tratados internacionales que incorporan cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la acción decidida en el seno de los foros internacionales relacionados con la propiedad intelectual y las presiones en el plano bilateral dirigidas a la adopción de estándares más exigentes de propiedad intelectual.
A través de acuerdos de asociación económica, acuerdos de asociación y cooperación y acuerdos de libre comercio, la Comunidad está negociando una nueva generación de tratados internacionales de amplio contenido. En los mismos, la protección de la propiedad intelectual ocupa un lugar destacado, en ocasiones mediante la promoción de compromisos que van más allá del Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Frente a la hasta ahora habitual referencia genérica a tratados multilaterales de protección de la propiedad intelectual, algunos de los nuevos acuerdos de asociación económica incorporan capítulos específicos y con contenido sustantivo dedicados a la protección de los derechos de propiedad intelectual. La base de dicho cambio se encuentra en parte en la Estrategia para implementar los derechos de propiedad intelectual en terceros países, adoptada en el año 2004 y que tiene por objetivo reforzar el respeto global de los derechos de propiedad intelectual .
Los acuerdos concluidos o que están negociándose por parte de la Comunidad son tanto de carácter bilateral como con bloques regionales. Entre los suscritos con bloques regionales destacan, por su actualidad, los tratados que está suscribiendo con los países ACP, muchos de ellos todavía provisionales y que aparentemente serán completados en el curso del año 2008. Otras negociaciones en curso con bloques regionales son las que la Comunidad mantiene con la Comunidad Andina de Naciones, con el MERCOSUR y con la ASEAN.
Cuestiones suscitadas
Entre los temas prioritarios en la agenda internacional de propiedad intelectual de la Comunidad Europea ocupan un lugar destacado la protección de los copyrights, las indicaciones geográficas, y el respeto de lo dispuesto en el ADPIC, cuyas disposiciones son objeto de interpretaciones dispares. El ADPIC, a pesar de dedicar su Parte III a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, es laxo en relación con los medios dedicados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. La posición de la Comunidad en relación con el respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países se sustenta en la proyección externa de derecho derivado de la Comunidad Europea, que excede en mucho lo dispuesto en el ADPIC.
Por otro lado, y a pesar de las recurrentes noticias y rumores que surgen en torno a la negociación de acuerdos comerciales y que afirman que la Comunidad está presionado para la inclusión de sus estándares de protección de datos de prueba en los acuerdos suscritos con países en desarrollo o economías en transición, lo cierto es que los acuerdos de asociación relevantes son más bien parcos en la materia. En términos generales, esta cuestión se remite a la protección de información no divulgada frente a la competencia desleal de acuerdo con el artículo 10bis del Convenio de París sobre la Protección de la Propiedad Industrial. Este artículo define “competencia desleal” como cualquier competencia contraria a las prácticas honestas en el ámbito industrial o comercial, lo que no exige otorgar períodos de exclusividad sino el funcionamiento normal de las reglas de competencia.
Una tercera cuestión suscitada es la relativa al principio del trato de la nación más favorecida. En virtud del mismo, todo privilegio otorgado en el plano bilateral o regional en “acuerdos internacionales relacionados con la protección de la propiedad intelectual” se extiende a los demás Miembros de la OMC. Tan sólo las disposiciones en materia de propiedad intelectual incorporadas en tratados que cumplan los requisitos del artículo 4.d) del ADPIC están exentas de aplicación del este principio. El sentido de la cláusula de nación más favorecida en el ámbito de la propiedad intelectual es discutible. Para los países en desarrollo, remite a la aplicación de las disposiciones que dan mayor flexibilidad a sus respectivas políticas de propiedad intelectual, y está por ver además si se extendería a cuestiones no abordadas en el ADPIC pero más o menos subsumibles dentro de las categorías de propiedad intelectual que recoge. Por el contrario, los países tecnológicamente desarrollados interpretan dicha cláusula en el sentido contrario, esto es, en beneficio de la aplicación de los estándares más elevados de protección de la propiedad intelectual.
Junto a la traslación de su política interna en materia de propiedad intelectual a terceros países, la Comunidad también ejerce presiones sobre los países con los que pretende concluir acuerdos de asociación. Prácticas que, sin llegar a los extremos de las desarrolladas por los Estados Unidos, indican una actitud más beligerante en relación con el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Se trata, por ejemplo, de la identificación y clasificación en diversas categorías de los países que supuestamente no hacen todo lo posible para evitar la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
Apuntes finales
Todo apunta a que la Comunidad ha iniciado una nueva etapa en relación con el respeto de estándares elevados de protección de la propiedad intelectual en terceros países, particularmente países en desarrollo. Se trata de una fase que en apariencia va a estar marcada por insistir en el respeto e implementación de los acuerdos multilaterales en materia de propiedad intelectual. A título de ejemplo, cabe señalar algunas preocupaciones suscitadas.
En primer lugar, los países en desarrollo que negocien acuerdos de libre comercio con la Comunidad deberían solicitar a la Comunidad una clarificación de cuál es su posición con respecto a los efectos de la cláusula de la nación más favorecida y su invocación para obtener en beneficio de sus empresas los mismos estándares de protección que los obtenidos por los Estados Unidos.
En segundo lugar, a pesar de que la Comunidad no está incorporando disposiciones ADPIC plus relativas a la protección de las patentes que no sean otras que las relacionadas con las medidas para garantizar el respeto de los derechos, se han producido diversos intentos -fracasados- por parte de la Comunidad para introducir disposiciones referentes a la protección de datos de prueba en algunos acuerdos de libre comercio.
Pero existen también diversos aspectos positivos. En primer lugar, en general la Comunidad celebra las negociaciones con bloques comerciales regionales, lo que debería mejorar la postura negociadora de la contraparte. En segundo lugar, la Comunidad parece haber querido evitar las impopulares polémicas suscitadas en torno a la protección de los productos farmacéuticos, y en sus propuestas hace referencia y detalla el contenido de la Declaración de Doha y la Decisión de 30 de agosto de 2003, la primera de la Conferencia Ministerial, la segunda del Consejo General de la OMC.
Al ser comparadas con los acuerdos suscritos por los Estados Unidos, las condiciones de las propuestas europeas no resultan tan leoninas, aunque los países en desarrollo harían bien en evaluar el costo de implementar las medidas de respeto y obtener, asimismo, garantías de la no invocación de la cláusula de nación más favorecida en relación con las disposiciones ADPIC plus contenidas en los acuerdos de libre comercio concluidos con los Estados Unidos. En cualquier caso, parece plausible que la Comunidad siga un enfoque y formule unas exigencias distintas en función de los socios comerciales.
(*) Este artículo está basado en X. Seuba Hernández, “La Nueva Política de la Comunidad Europea Sobre Propiedad Intelectual en Terceros Estados”, Revista Aranzadi Unión Europea, 2008..
