Por Javier Coronado*
Se acostumbra poner bajo análisis la gestión de las nuevas administraciones gubernamentales una vez transcurridos sus primeros cien días. La gestión del presidente García, en Perú, no ha sido por supuesto ajena a esta añeja costumbre, tan es así que hará cosa de un mes, los medios informativos peruanos nos ofrecían un colorido reparto de opiniones sobre el particular. No obstante la tradición, nos hemos dado la licencia de esperar algo más de cien días, pues ello nos ha permitido adjuntar al análisis los resultados de las elecciones regionales y municipales en Perú, realizadas el pasado 19 de noviembre.
Sin embargo, y precisando nuestro interés, los resultados electorales regionales sirven para medir no tanto la gestión de García, ya que es dificil encontrar un vínculo claro entre las preferencias electorales en el ámbito regional y la percepción de la ciudadanía respecto de lo bien o mal que lo ha hecho el gobierno del Apra, como para establecer una pauta de mediano plazo sobre la gobernabilidad del país y por añadidura los retos políticos del actual gobierno y la oposición.
El partido de gobierno, el Apra, ganó únicametne dos de los veinticinco gobiernos regionales, notable adelgazamiento de su representatividad si se compara con las doce regiones con las que salió beneficiado de las elecciones regionales de 2002. Por su parte, Unión por el Perú, socio del Nacionalismo de Ollanta Humala en las pasadas elecciones presidenciales (abril, 2006), ganó una sola región, mientras que el suculento saldo de veintidós regiones fue a parar a manos de movimientos políticos independientes de influencia local. Considerando que García llegó al poder en gran medida por un voto “contra Humala” y no precisamente por una consistente representatividad popular, los resultados regionales no deben ser objeto de análisis bajo la premisa del voto de castigo , ni siquiera, como lo han sugerido personajes cercanos a la izquierda, bajo la premisa de un rechazo a la “derechización” de las posiciones económicas de García, de formación ideológica socialista.
Tal como ha apuntado un reconocido analista político, los resultados regionales son una señal más de las tantas que se han observado en la historia reciente del Perú respecto de la pérdida de institucionalidad de la democracia partidaria. Es posible, y no hay por qué entrever algo necesariamente negativo de ello, que el poder político se esté dispersando y sin embargo converja a una estructura regional. A decir verdad, en estos ciento y pico de días de gobierno, García ha jugado un rol menos estelar de lo esperado, mientras que sus ministros han también mantenido un carácter apagado, escenario que el elector no habría podido siquiera digerir, acostumbrado a grandes movidas, escandaletes y destapes desde el pitazo inicial de la partida, lo cual nos imposibilita juzgar el periodo inicial de gobierno a la luz de las urnas.
De hecho, los primeros meses de García al timón de esta nueva administración han sido bastante ligeros en términos de decisiones controversiales o cambios inesperados entorno a temas altamente sensibles, siendo el económico sin lugar a dudas el de mayor peso específico. Por su parte, la oposición tal vez ha exagerado el silencio propio de estos periodos de gracia que se conceden estratégicamente para no aguar la fiesta al nuevo gobierno antes de tiempo. O peor aun, la oposición simplemente no es tal por el simple hecho de no poder coordinar sus intenciones siquiera al interior de sus propias estructuras. El actual parlamento, por ejemplo, no ha logrado poner en la agenda nada que pueda resultar al menos alternativo al ejecutivo. Parece, entonces, que la administración que comanda García ha encontrado un ambiente político menos hostíl que lo normal, a pesar de lo cual el carácter moderado de las decisiones tomadas y la ausencia de grandes temas en debate dan la impresión que el gobierno busca evitar hacer ruido, lo cual implica a su vez la ausencia de nueces, de sustancia.
Así, García ha liderado gestos de austeridad fiscal que muestran la disposición de la alta dirigencia del ejecutivo a “transformarse” en servidores públicos y no en beneficiarios de lo público. De otro lado, ha dejado en manos de técnicos jóvenes independientes, ministerios clave para mantener un clima (empresarial como mínimo) de confianza como son las carteras de Economía, Comercio y la de Transportes y Comunicaciones, merced a lo cual se han moderado sus tradicionales posturas en matería económica.
De otro lado, el propio García, a pesar de haber intervenido directamente en algunos asuntos imponiendo su criterio personal, ha tenido un protagonismo en aspectos de política menor al que se esperaba tomando como referencia su anterior paso por la administración pública, en la que hizo uso permanente de la vía populista para enfrentar problemas. Eso sí, no ha podido dejar pasar la oportunidad de ser el abanderado de la controvertida propuesta legislativa sobre instauración de la pena de muerte a los violadores de menores, recibiendo duras críticas por ello, o encabezar negociaciones con empresas mineras para obtener beneficios adicionales al fisco . En el crucial campo de la política externa e integración, se suman méritos y deméritos del gobierno, apostando solidamente a una integración sudamericana en bloque pero a su vez llevando el futuro acuerdo comercial con Estados Unidos (TLC) sin el impetú necesario para consolidarlo definitivamente .
Este cúmulo de posturas, gestos y acondicionamientos dejan entrever que la estrategia del actual gobierno está amalgamada en torno a una línea de acción central: evitar convulsionar las aguas innecesariamente y aplacar cualquier agitanción siempre con una disposición política a una solución rápida. Es quizás por ello que los resultados de las elecciones regionales fueron tan severamente esquivos al oficialismo, al evitar quemar naves limitando considerablemente el apoyo político (y financiero) al alicaido liderazgo de sus correligionarios regionales. El resultado esperado de esta estrategia en principio debe ser, a la sazón, construir en el tiempo un sentimiento de confianza ciudadana que permita al gobierno actuar con mayor libertad en la toma de decisiones de crucial importancia, como por ejemplo, aquellas entorno a la seguridad interna, reforma educativa, promoción de la inversión privada en infraestructura, entre otras.
Evidentemente, el cálculo político de García puede ser catalogado de alto riesgo, considerando el escenario político interpretado a raíz de los resultados de las elecciones regionales. Es decir, no obstante la inoperatividad granjea en las filas de la oposición, incapaz de platear una agenda al menos para enriquecer el debate nacional, la configuración política regional si podría transformarse en el futuro cercano en un contrapeso para el gobierno central. Mas aun, ello admitiría un panorama altamente complejo para la toma de decisiones de carácter nacional.
Existe pues un reto ad portas para el actual gobierno, tal vez más intrincado e incierto que el típico juego juego entre el ejecutivo y el legislativo, condicionado por una posible consolidación de los gobiernos regionales. No sólo se trataría de apelar al diálogo con las regiones si no hacer frente eficazmente a posibles movimientos caudillezcos en ese ámbito. Estos movimientos, ya se ha visto antes, son capaces de frenar iniciativas del gobierno central por lo que de no mediar un ajuste a la estrategia del gobierno, existe el riesgo político de proyectar el silencioso panorama actual a buena parte de lo que resta de esta administración dejando al gobierno sin nueces que ofrecer a la ciudadanía y en última instancia a la historia.
* Javier Coronado es economista (1997) por la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee una maestría en ciencias económicas por la London School of Economics (2003), ha trabajado en el Instituto Peruano de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, así como en diversos organismos reguladores de servicios públicos
