El pasado 15 de enero será un día que quedará marcado en la historia de Chile, la presidenta electa Michelle Bachelet será la primera mujer en gobernar este país. La candidata socialista de la coalición de centroizquierda que gobierna Chile desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en marzo de 1990, derrotó en la segunda vuelta de los comicios presidenciales al empresario Sebastián Piñera, candidato de la oposición centroderechista.
En la primera vuelta del 11 de diciembre último, la candidata de la oficialista Concertación Democrática obtuvo casi el 46% de los votos, frente al 24% de Piñera, pero esta diferencia no fue suficiente. El desempeño fue menor al que tuvo la Concertación en los comicios legislativos simultáneos, donde alcanzó el 51,8% para la Cámara de Diputados, derrotando ampliamente a la alianza opositora. Posteriormente, en las elecciones de enero, Bachelet derrotó a su contrincante con una ventaja de casi siete puntos a nivel nacional (53,49% a 46,51%) y le ganó en 12 de las 13 regiones del país.
De cara a la entrega del mando del 11 de marzo próximo, parece significativo repasar cuales son las ideas y medidas más importantes que Michelle Bachelet -médica pediatra y cirujana de 54 años - se comprometió a cumplir desde el inicio de su mandato.
En cuanto a los lineamientos de política económica, el aspecto más relevante consiste en la continuidad del modelo; en este sentido la nueva presidenta mantendrá el rumbo que se venía trazando, aunque con un acento mas marcado en la solución de los problemas sociales. En los años recientes ha sido muy común escuchar hablar del modelo chileno, debido a su sostenido crecimiento económico, pero junto a esto también existe una realidad de inequidad y pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2003 el 20% más rico recibe más del 60% de los ingresos del país. Esta situación se ha atenuado un poco por la reducción de la pobreza, que entre 1990 y 2003 pasó del 38,6% al 18,7%. La nueva presidenta se comprometió a dar prioridad a las urgencias sociales y lo ratificó al anunciar una profunda revisión del sistema previsional y de las políticas públicas en educación y salud. Con la mayoría legislativa, la coalición de gobierno tendrá en adelante el quórum necesario para aprobar las leyes, lo que facilitaría el camino para dar el prometido giro social.
En este sentido, se propone reformar la seguridad social para reforzar el carácter solidario y ampliar la cobertura del sistema de pensiones. En concreto, entre otras cosas, reajustará las pensiones más bajas, establecerá el acceso automático de los adultos mayores a la pensión asistencial y enviará al Congreso un proyecto de Ley para que las asignaciones familiares y los subsidios únicos familiares sean pagados a la madre. En cuanto a la educación, se plantea el financiamiento solidario del cuidado infantil pre-escolar como un beneficio de la seguridad social para las madres trabajadoras, la subvención diferenciada y mejoría de la gestión educativa y el fortalecimiento de las universidades públicas y en especial, de las universidades regionales. Las ideas para la mejora de la salud implican aspectos como la creación de 60 Centros Comunitarios de Atención Familiar en todo Chile y la garantía de gratuidad en la atención en los hospitales a todos los mayores de 60 años.
En otros aspectos, se pretende mantener la meta de superávit estructural del 1% del Producto Interno Bruto mientras subsistan factores de riesgo en la situación fiscal e institucionalizar el mecanismo del Fondo de Contingencia contra el Desempleo. A su vez se quiere diseñar y aprobar un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad.
Por su parte, en lo que concierne a la política exterior Bachelet afirmó que acercarse a los países de la región, será una de sus prioridades de gobierno y para ello la integración económica será crítica. Sin embargo, desde un principio, advirtió que Chile se mantendrá como miembro asociado del Mercosur y no buscará tener el mismo status que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Este se debe que ser miembro pleno les exigiría tomar decisiones arancelarias que para el país no son factibles. En las últimas décadas, Chile redujo mucho sus barreras arancelarias al firmar una serie de tratados de libre comercio y el costo de subirlas para incorporarse al Mercosur sería demasiado alto.
A su vez, la futura presidenta se dijo partidaria del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, dadas las diferencias entre países que dificultan la integración, respaldó la idea de firmar un acuerdo básico que reconozca las asimetrías de las distintas economías regionales. De esta manera se permitiría avanzar homogéneamente en aquellos aspectos que fuera posible, permitiendo al mismo tiempo que países muy diversos manejen sus propios tiempos.
Por último, un aspecto fundamental para Bachelet es el aumento de la participación ciudadana, y para ello quiere impulsar un nuevo estilo de gobierno, ciudadano y participativo. Diseñará y aplicará un sistema de audiencias ciudadanas para que los chilenos puedan tener acceso a las autoridades, creará la iniciativa popular de ley en todos los ámbitos que no sean de exclusiva iniciativa del Presidente y exigirá la rendición periódica de cuentas públicas a nivel central, regional, y comunal.

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Las ponencias desarrolladas durante la Semana del Comercio Internacional pueden ser descargadas a través de los siguientes enlaces directos:

Ponencias del día Lunes:

Ponencia de David Piera. Ponente 1
Ponencia de Antoni Olivella. Ponente 2

Ponencias del día Martes:

Ponencia de Vilma Gomez. Ponente 1
Ponencia de Arturo Chavez. Ponente 2
Ponencia de Antoni Soler. Ponente 3

Ponencias del día Miércoles:

Ponencia de José Aznar. Ponente 1

Ponencias del día Jueves:

Ponencia de María Pardos. Ponente 1
Ponencia de Josep Bertrán. Ponente 2

Ponencias del día Viernes:

Ponencia de Manuel Cienfuegos. Ponente 1
Ponencia de Pere Caro. Ponente 2

Todas ellas se encuentran en formato PowerPoint

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Actualmente existen más de 300 acuerdos de comercio preferente y de integración regional registrados en la Organización Mundial del Comercio, que contabilizan alrededor del 60% del comercio mundial. Dentro del relanzamiento del fenómeno integracionista en el mundo destacan de modo muy particular los casos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN), representativos del regionalismo abierto u ofensivo que impera en la actualidad, que se caracteriza porque trata de conjugar el interés de los países socios de otorgarse mutuamente un trato preferencial con el imperativo de que simultáneamente se mantengan e intensifiquen los vínculos con el resto del mundo. La consecuencia es que no se opone, sino que complementa, a la globalización y al multilateralismo, aunque sea verdad que estos tres ejes del comercio mundial actual coexistan generalmente en un ambiente de incómoda tensión.

Para regular su apertura al mundo las organizaciones de integración recurren con frecuencia al instrumento de los acuerdos internacionales con otros sujetos internacionales, sean terceros Estados u otras organizaciones internacionales. Estos acuerdos son de muy diversa naturaleza y alcance, desde los tradicionales acuerdos tarifarios a los evolucionados acuerdos en materias medioambientales y de cooperación al desarrollo. En esta línea se insertan los acuerdos regionales horizontales que están aflorando en los últimos años y en virtud de los cuales se intenta sistematizar, en un instrumento único, el conjunto de relaciones de muy diverso cariz (comerciales, económicas, financieras, de cooperación al desarrollo, políticas, etcétera) que diversas organizaciones de integración (y no sólo sus Estados miembros) mantienen entre sí.

Dentro de estas relaciones regionales institucionalizadas hay que destacar los vínculos privilegiados que la CAN y el MERCOSUR han terminado de anudar en recientes, tras más de 10 años de negociaciones, con los acuerdos de complementación económica (ACE) 58 (2004) y 59 (2004), que se unen al anterior ACE 36 (1996) y mediante los que se pretende establecer en unos pocos años una zona de libre comercio entre los 9 países socios de ambos bloques sudamericanos.

De los tres acuerdos de complementación económica el más importante es el ACE 59, que está vigente para los cuatro países mercosureños (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tres países andinos (Colombia, Ecuador y Venezuela) desde el 19 de abril de 2005. El ACE 59 es básicamente un acuerdo de liberalización del comercio de mercancías que persigue formar un área de libre comercio mediante la eliminación de prácticamente todas las restricciones arancelarias (en principio cubre los 6.524 items –subpartidas- arancelarias del universo tarifario NALADISA 1996) y no arancelarias a los intercambios de productos originarios de los países sudamericanos signatarios, de tal suerte que entre 2018 y 2021 el universo arancelario llegará al 100% de margen de preferencia, salvo excepción. Este objetivo básico se ve completado con otros, que tienen una dimensión específica que excede la temática comercial tradicional, como la ampliación del comercio a los servicios y determinados elementos de integración física y de infraestructura, en tanto que medios para promover y consolidar la integración de los mercados andinos y mercosureños, así como la cooperación científica y tecnológica para propiciar un mayor grado de complementación de los sectores productivos y la expansión y la diversificación de los intercambios comerciales.

El alcance del ACE 59 trasciende el ámbito de los siete países signatarios, ya que con él culminó el proceso de establecimiento de espacio de libre cambio entre la CAN y el MERCOSUR, de manera que ahora los nueve Estados miembros de estas dos Organizaciones internacionales de integración están ligados convencionalmente. Constituye, pues, un instrumento jurídico de especial relevancia para la integración sudamericana. Y puede acabar desbordando este ámbito, en la medida en que su contenido puede favorecer la creación de las condiciones necesarias para una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios en el seno de la ALADI, proyectándose hacia el establecimiento de una zona de libre cambio entre todos sus países.

Para lograr la zona de libre cambio de la región sudamericana no tiene por qué faltar empuje a los países implicados, a la vista de que en 2004 la población superó los 361 millones de habitantes, la superficie ronda los 17 millones de kilómetros cuadrados y el PIB conjunto superó los 975.000 millones de dólares, por debajo sólo del NAFTA, la Unión Europea, Japón y China, pero por encima de bloques como la ASEAN (con 682.000 millones de dólares) y de alguno de los miembros del G-10 (como Canadá, con 834.000 millones de dólares). Además las exportaciones al mundo se sitúan sobre los 182.000 millones de dólares, con un gran potencial de crecimiento del intercambio de materias primas y manufacturas.

Claro que los problemas y las dificultades están a la altura de los ambiciosos retos perseguidos, tanto desde el punto de vista económico, como político y social. Dos ejemplos bastan para ilustrarlos. Por un lado, la imperiosa necesidad de que la tasa de crecimiento económico siga sostenida a medio plazo en el alto nivel de los últimos años para poder hacer frente a la iniquidad característica de los países sudamericanos, porque no basta con unos pocos años para llevar a cabo las reformas estructurales –puertos, aduanas, fiscalidad, servicios, etcétera- que reclaman las fuertes asimetrías de las economías mercosureñas y andinas para su mejor complementación y, a la postre, reducir la dependencia de Brasil, que representa más del 50% de población y PIB de Sudamérica. Por otro lado, la indefectible superación de las profundas disensiones entre los líderes políticos sudamericanos respecto a posibles objetivos externos de interés común, como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tal como quedó claro en la pasada cumbre del Mar de la Plata de noviembre de 2005.

El desafío a que se enfrentan los países sudamericanos es, pues, de primer orden. En este camino común la reciente creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) puede implicar un acicate, ya que la Declaración Presidencial de Cuzco (8 de diciembre de 2004) que la constituye proclama la determinación de “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”. Ello significa que el espacio sudamericano integrado se desarrollará impulsando, entre otros elementos, la profundización de la convergencia entre MERCOSUR, la CAN y Chile a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio. Y más tarde el proceso se extenderá a Guyana y Surinam.

La CASA se apoya en los tres cimientos siguientes: 1) la cooperación política, social y cultural, con temas como la democracia, seguridad regional y lucha contra las drogas y la corrupción; 2) la integración comercial, económica y financiera, que toma como punto de partida el ACE 59 entre la CAN y el MERCOSUR, así como la experiencia exitosa de la Corporación Andina de Fomento en materia de integración financiera; y, 3) el desarrollo de la infraestructura física, la energía, y las comunicaciones, a través de la iniciativa integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

En suma, la CASA no pretende ser una mera agenda comercial porque incluye también cuestiones relativas a inversión, cooperación y diálogo político, aun cuando resulte claro que para conseguir estos fines hace falta abrir previamente los mercados nacionales a la competencia de los otros socios. En los próximos años se verá si la CASA ha conseguido sus objetivos. De momento, voluntad política existe y apoyo social tampoco falta. De ahí que en la Primera Reunión de Jefes de Estado de la CASA, que tuvo lugar en Brasilia los días 29 y 30 de septiembre de 2005, se aprobase una ambiciosa agenda comercial cuya consecución debería conducir a que en 2007 más del 85% del comercio esté liberalizado. Lógicamente para alcanzar los otros fines de la CASA hace falta el desarrollo de las infraestructuras de Sudamérica: creación de nuevas vías de comunicación, mejora de las telecomunicaciones e incremento de la complementación de los sectores económicos y sociales implicados. Hay algunos proyectos en marcha de gran relieve, como el gasoducto sudamericano y el corredor bioceánico central. Para sufragarlos será preciso atraer nuevas y cuantiosas inversiones, nacionales y extranjeras, y ello no será tarea sencilla a la vista de amenazantes declaraciones de dirigentes políticos sudamericanos, en particular de Venezuela y Ecuador, a las multinacionales extranjeras que operan en la zona. El tiempo dirá si la realidad está a la altura de las ambiciones.

Manuel Cienfuegos Mateo es Doctor en Derecho, Profesor Titular de Derecho Internacional Público (Instituciones de Derecho Comunitario) de la Facultad de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Miembro del grupo de investigación ORLA.

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Los días 13 al 17 de febrero del presente, se realizará la "Semana del Comercio Internacional". Son jornadas de debate y discusión sobre el comercio y la inversión exterior desde el punto de vista del empresario, donde se pondrá énfasis en los éxitos y fracasos, asi como en las estrategias de internacionalización utilizadas. Cuenta con la presencia de destacadas autoridades del mundo empresarial y del sector público.

Lugar: Auditorio IDEC-UPF. Calle Balmes 132 (esquina con Roselló). 08008 Barcelona.

Entidades Organizadoras: ORLA y AAA-UPF.

Entidades Colaboradoras: Casa Amèrica Catalunya, Casa Àsia, Institut Europeu de la Mediterrània, Patronat Català Pro-Europa, Cambra de Comerç Internacional, Col legi d'Agents Comercials de Barcelona, Hong Kong Trade Development Council, Foment del Treball, Jove Cambra Internacional d'Empresaris de Barcelona, Jove Cambra Internacional de Barcelona, Cámara de Comercio de Perú en España, AIJEC, Associació d’Antics Alumnes IDEC-UPF y la Cámara de Comercio Hispano Rusa .

Programa: www.anticsupf.net/sci06/Programa.pdf

Para más detalle entrar a: www.anticsupf.net/sci06

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El nombramiento de su primer equipo ministerial constituye una primera y clara señal de parte de la Presidente electa acerca del perfil de lo que será su gobierno. La conformación del equipo económico resulta ser, en los casos de evaluación del riesgo político, uno de los criterios estimativos del perfil de un nuevo gobierno.

En este caso, la nominación de Andrés Velasco en la secretaría de Hacienda constituye una potente señal de perseverancia en una estrategia de desarrollo que ha venido aplicando exitosamente Chile por largas décadas. Sin militancia partidista, es un claro exponente del pensamiento económico liberal dentro de la Concertación. Académico de la universidad de Harward, su desvinculación de la contingencia política, es una garantía de que su gestión estará presidida por criterios técnicos más que político-contingentes.

En economía fue nombrada Ingrid Antonijevic, ingeniera comercial, empresaria y de dilatada trayectoria en el sector privado. En Minería y Energía, su titular será Karen Poniachik, quien ha estado a cargo del Comité de Inversiones Extranjeras. Además, este equipo recibirá el refuerzo de la Cancillería que estará a cargo de un prestigioso economista y que además es parlamentario, Alejandro Foxley. Este último es el único de los ministros mencionados que tiene una activa militancia política a diferencia de la titular de Economía cuya adhesión al Partido por la Democracia es más bien nominal.

No sólo el nuevo gobierno opta por mantener el modelo económico, sino que expresa una perfecta coordinación entre sus aspectos macro (Hacienda) con sus variables sectoriales (minería y energía) que son influyentes en el desempeño de lo primero. Además, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se marca una buena coordinación con el sector externo en el cual se manejan los múltiples acuerdos de libre comercio que son un pilar fundamental de la conducción económica. En el área económica y su relación con la Cancillería no debiera existir problemas de coherencia.

La opción de Bachelet en materia económica y de relaciones exteriores la alejan absolutamente del perfil populista de algunas izquierdas latinoamericanas. Se inscribe en la perspectiva del gobierno de Lagos y podrán encontrarse más similitudes con la conducción económica del brasileño Da Silva y del Frente Amplista Vásquez (siempre que mantenga a Astori a cargo de Economía), con claras diferencias con un Chávez, Morales e incluso Kichner.

Por su parte, en el área política la nominación de Andrés Zaldívar, probado en la articulación de consensos en el Senado (recuérdese el acuerdo a que arribó con el entonces senador Pinochet para la supresión del 11 de septiembre como feriado), es una garantía de que habrá una operatividad eficiente en las relaciones entre el gobierno y los partidos de la coalición que lo respalda e incluso con la oposición parlamentaria. El perfil de Zaldívar sin duda suplirá la poca experiencia de Paulina Veloso quien desde la Secretaría General de la Presidencia debiera ser el puente entre el Ejecutivo y Legislativo en relación a la tramitación de los proyectos de ley.

Michelle Bachelet no deja de sorprender con estas nominaciones que no podrían derivarse linealmente de su propia trayectoria política.

En efecto, miembro de la tendencia más radical del Partido Socialista (el antiguo almeydismo, primero y la Nueva Izquierda después), no ha hecho prevalecer dicha inspiración en la conformación ministerial. El único representante de esa corriente es el nuevo ministro del Trabajo. Con realismo político, al nombrar a Foxley como Canciller, desestimó la proposición socialista de asignar tal cargo a Luis Maira, actual embajador en Argentina y viejo exponente de la izquierda socialista. Ciertamente que un Maira en Relaciones Exteriores no hubiera compatibilizado con un Velasco liberal en Hacienda. La economía sigue siendo en Chile un eje vital para las decisiones políticas.

En la configuración del gabinete ha quedado evidenciado también un estilo de gestión de Bachelet. Si bien ha procurado establecer un equilibrio entre los partidos de la coalición, no cabe duda que ha actuado al margen la imposición de las directivas partidistas. Varios de los ministros militantes no figuraban en las propuestas de nombres que los partidos le hicieron llegan. Otros tienen una militancia más bien simbólica. También hay Secretarios de Estados que son independientes. De allí que el ministerio haya encontrado buena receptividad en la oposición.

Ciertamente este criterio puede generar conflictos con las bancadas parlamentarias de los partidos de la Concertación, en especial si en ellas hay varios exponentes de personalismos que buscan protagonismos mediáticos. La mantención del perfil gubernativo que ha comenzado a mostrar Bachelet dependerá no sólo de una buena coordinación política que lleve a cabo Zaldívar, sino también de que la Presidenta muestre un efectivo liderazgo ciudadano, que vaya más allá de su coalición de gobierno.

ANDRES BENAVENTE URBINA, Politólogo, Investigador de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.

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En septiembre del 2000, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y jefes de delegación de 189 países firmaron un nuevo compromiso mundial para el desarrollo, cuya expresión política quedó reflejada en la Declaración del Milenio. En dicho ámbito se identificaron objetivos que apuntan a la lucha contra la pobreza y el hambre, el avance en la educación, la promoción de la igualdad entre los sexos, la mejora de la salud, la reversión del deterioro ambiental y la necesidad de ampliar la cooperación internacional. De esta manera se acordaron los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
A fin de realizar un seguimiento concreto del cumplimiento de estos objetivos, se acordaron metas cuantificables, en las que se indica el nivel que deberían alcanzar en 2015 los principales indicadores económicos y sociales de los países. En este sentido, se estipuló 1990 como el año de referencia para determinar el período de comparación.
Transcurridos ya 15 de los 25 años establecidos para el cumplimiento de los ODM, parece relevante evaluar en que situación se encuentran los países de menor desarrollo en vistas a su cumplimiento. En este artículo se analiza en forma resumida el caso particular de los principales miembros del MERCOSUR y Chile . Asimismo, un panorama de estas características serviría para examinar y evaluar la orientación de las políticas públicas; aspecto que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que durante este año se celebrarán varios procesos electorales en la región.

El primer objetivo, “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” está compuesto por dos metas. En cuanto a la primera –que consiste en “Reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día” – se destaca el caso de Chile que ya la cumplió (pasando de un nivel de 12,9% en 1990 a 4,3% en 2004) . No obstante, existen casos como el de Argentina y Venezuela en los que este porcentaje se ha incrementado, por lo que el cumplimiento de la meta de cara al 2015 se ve altamente comprometido. Como casos intermedios -pero con avances muy moderados- aparecen Bolivia y Paraguay y, más lejos, Brasil que presenta una reducción de la pobreza extrema más sustancial. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de programas universales en conjunto con estrategias específicas contra el hambre y la pobreza. Sin embargo, si lo que se pretende es atacar el problema desde la raíz y lograr soluciones a largo plazo, a la vez parece necesario generar incrementos en las tasas de empleo y mejoras en los niveles de desigualdad, que durante los últimos años en la región han estado entre los más inequitativos del mundo.
La educación es el eje del segundo objetivo: “Lograr la enseñanza primaria universal”. En lo que respecta a la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria, los países de la región han progresado. Argentina y Brasil, por ejemplo, en 2002 presentaban tasas del 100% y 97,3%, respectivamente. No obstante, el principal desafió apunta hacia la deserción escolar: a pesar de que en casi todos los países ha disminuido, todavía se está lejos de alcanzar el objetivo. Casos como el de Brasil y Bolivia, donde en 2002 el 87,6% y el 81,6% de alumnos culminaron la escuela primaria, ponen de manifiesto esta situación.
El siguiente objetivo se basa en la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Con respecto a la desigualdad de género en educación la mayoría de los países de la región ha alcanzado la meta propuesta. Por su parte, en gran parte de ellos, la participación de mujeres que trabaja ha ido en aumento, aunque en todos los casos los ingresos medios que perciben las mujeres son menores que los de los hombres
En cuanto a la mortalidad infantil, la meta consiste en reducir en dos terceras partes la mortalidad de los niños menores de 5 años. En este sentido, todos los países están avanzando en su cumplimiento, pero algunos de forma muy moderada. Se destaca el caso de Paraguay, donde la tasa pasó de 55,8‰ en 1990 a 44,8‰ en 2003 , poniendo de manifiesto la dificultad de este país para alcanzar la meta propuesta.
El siguiente objetivo también está relacionado con la salud y se refiere al mejoramiento de la salud materna; en concreto, la meta busca reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes. Si se observan los datos del 2000 pueden detectarse situaciones bien diferenciadas: por un lado se encontraban Uruguay y Chile con tasas menores a 11; luego, los valores para Argentina y Brasil alcanzaban 35 y 45, respectivamente; y los casos más preocupantes en vistas a cumplir la meta para el 2015 los presentaban Bolivia (230) y Paraguay (152). Asimismo, en Bolivia solo el 52% de los partos se realizó con personal especializado.
En línea con los anteriores, el sexto objetivo busca “Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades” y su primera meta cuantificable implica “Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA”. Argentina y Brasil en 2004 presentaban las mayores tasas de prevalencia del VIH/SIDA en la población de 15 a 24 años, con un valor de 0,7% para ambos. Al ser estos países los de mayor cantidad de habitantes, también exhibían el número absoluto de casos más alto. En relación con el seguimiento de la meta, se debe destacar que Brasil ha logrado poner un freno a la epidemia en los últimos años.
Con relación a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, se plantean tres metas. En cuanto a la primera, se mide la proporción de la superficie cubierta por bosques, y los resultados indican que -con excepción de Uruguay- en todos los países de la región este porcentaje disminuyó entre 1990 y 2000. La siguiente meta busca reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. En lo que respecta al acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento todos los países de la región han logrado avances significativos, por lo que resultaría plausible el alcance de la meta. No obstante, resultan inquietantes los casos de Brasil y Bolivia, donde la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados es baja y los avances poco significativos. Por último, la tercera meta se basa en la idea de mejorar considerablemente la vida de aquellas personas que habitan viviendas con carencias. El caso más preocupante es el de Bolivia donde, a pesar de haber disminuido el porcentaje de habitantes en este tipo de viviendas, en 2001 ascendió a 61%.
El último de los objetivos busca “Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”. Los aspectos que abarca son diversos e implican temas como la asistencia para el desarrollo, el acceso a los mercados y la sostenibilidad de la deuda. Según el comunicado de prensa del Centro de Estudios para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 10 de junio de 2005, para este objetivo “no se han logrado avances en lo que se refiere a la ayuda que los países industrializados comprometieron a transferir a los países en desarrollo: el 0,7% de su PIB, pero actualmente llega apenas a solo 0,25%. Por otro lado, una compleja trama de barreras impide las exportaciones de la región a los países más desarrollados”.
Luego de este repaso por los diferentes objetivos y metas, puede apreciarse que para los países de la región algunos se encuentran en camino a cumplirse; sin embargo, los desafíos en vistas a los ODM son cuantiosos y diversos. A su vez, la situación varía considerablemente de un país a otro; mientras algunos, por ejemplo, presentan déficit en la reducción de la pobreza, otros exhiben inconvenientes en cuanto a la deserción escolar. De todas formas, el progreso en un objetivo no es independiente del resto, por lo que el efecto de las políticas públicas no se limita a un solo aspecto. Un plan tendiente a incrementar la matriculación primaria –si resultara exitoso– muy posiblemente en el futuro tenga un impacto en la salud de la población y en los niveles de pobreza.
De todas maneras, en todos los casos –junto con los recursos y políticas que deben focalizarse hacia cumplimiento de cada objetivo– parecen necesarias acciones destinadas a mejorar la distribución del ingreso. Este aspecto cobra particular relevancia en un período en que algunos países de la región están creciendo de forma continua. La experiencia de la década del noventa en ciertos países, puso de manifiesto que el crecimiento económico por si mismo no garantiza aumentos en la equidad. En estos casos, tampoco se producen mejoras en los niveles de vida de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, que es lo que se persigue con los ODM.

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