ARTICULO. La Actual Crisis Política Boliviana
El pasado 15 de marzo el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, solicitó formalmente al Congreso de la Nación la celebración de elecciones anticipadas. El motivo de tan drástica resolución presidencial lo encontramos en la falta de un acuerdo para aprobar una reforma petrolera. La controvertida reforma petrolera ha generado una crisis política y social sin precedentes en la historia reciente de Bolivia.
La nueva ley de hidrocarburos que fue aprobada en el Congreso de la Nación no dejó satisfechos ni al gobierno ni a la oposición, liderada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Dicha ley establece en 18% las regalías que las petroleras deben pagar al Estado y les fija un 32% de impuestos “no deducibles ni compensables”. La postura defendida por el gobierno era la de mantener el 18% de las regalías y crear un impuesto complementario del 32% al que sí se le podían aplicar descuentos y aplicaciones. Por su parte, el Movimiento Al Socialismo, algo radical en su ideología de política económica pretende unas regalías situadas en el 50%. Está claro que a estos niveles impositivos la industria de los hidrocarburos tiene que funcionar de manera muy eficiente para obtener rentabilidades que justifiquen el enorme desembolso que supone desarrollar plantas en Bolivia. A ello hay que añadir que las infraestructuras que la industria del hidrocarburo necesitaría para minimizar sus costes es prácticamente inexistente en Bolivia o, cuando existe, su estado es tal que los costes empresariales vuelven a dispararse.
Con independencia de la validez económica o no de la nueva ley de hidrocarburos una de las causas de la crisis boliviana hay que buscarla en la atomización de su política. Baste como ejemplo que el presidente, Carlos Mesa, es un independiente que carece de representación parlamentaria y por lo tanto se ve continuamente sometido a negociaciones con los diversos partidos políticos que configuran la cámara y que en muchos casos muestran posiciones ideológicas extremas (como la mencionada del Movimiento Al Socialismo liderado por Evo Morales).
Uno de los más prestigiosos analistas políticas paceños, Álvaro García, publicaba hace unos días en un diario boliviano la siguiente reflexión, muestra inequívoca de la incertidumbre a la que se ve abocada Bolivia: “[…] la "era Mesa" está prácticamente terminada y que su gestión resultó un fracaso. Intentó dar gobernabilidad al país y por eso se acercó a la centroizquierda. Pero algunos sectores le pidieron que fuera más de izquierda, pero no accedió y por eso rompió con Evo Morales. Luego dio un giro para acercarse a la centroderecha, pero ésta le pidió mano dura, es decir represión a los bloqueos, y cuotas de poder en el Ejecutivo, lo que tampoco aceptó. Al final Mesa quedó solo y de hecho ya no gobierna".
La principal empresa española afectada por la crisis es Repsol que además es la más importante concesionaria de campos petroleros en Bolivia. La segunda empresa por tamaño establecida en Bolivia es la brasileña Petrobrás que, junto con Repsol, controlan los yacimientos de Margarita, al sur de Bolivia, y representa la segunda reserva de gas más importante de América del Sur. No es por tanto un tema económico menor al que se enfrenta en exclusiva Bolivia, sino que es un tema que puede acarrear problemas a muchos países de la región que se son dependientes del abastecimiento de gas que reciben de Bolivia.
Creemos que otro de los problemas del plan Mesa es la estatalización o práctica nacionalización de casi todas las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos. Así nos lo ha hecho saber la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, que agrupa a más de 20 que operan en el país andino, afirmando que el plan Mesa plantea también el control estatal sobre la producción, el transporte y comercialización. La patronal añadió que “el planteamiento gubernamental 'atenta contra la seguridad jurídica y desalienta futuras inversiones por parte del sector privado' e 'impone, unilateralmente, la migración forzada y obligatoria de las concesiones actuales a nuevas formas contractuale'.”
Si el panorama parece grave el asunto todavía puede empeorar más: en caso de que las petroleras, con los contratos de licitación en la mano, decidan acudir al arbitrio de una corte internacional y ésta les diera la razón Bolivia no estaría en condiciones de desembolsar las indemnizaciones que de momento se cifran entre los 5.000 y 8.000 millones de dólares. Es evidente que no deseamos que se llegue a esta solución pues implicaría un fuerte retroceso en la Inversión Extranjera Directa hacia el país andino y, de momento, lo único que puede ayudar a Bolivia a estabilizar su situación política, social y a desarrollar su economía es la Inversión Extranjera Directa. El asunto ha adquirido tal gravedad que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado ha tomar cartas en el asunto organizando encuentros bilaterales y multilaterales entre todos los participantes y perjudicados por la actual situación política boliviana.